Page 39 - Negocios Internacionales

PORTADA: Competitividad, Productividad & Agenda Interna
Para comenzar, es importante analizar
cómo se relaciona la estabilidad
institucional con la competitividad,
y con ese fin es necesario señalar
el punto de partida. Según el Foro
Económico Mundial, en 2019, el Perú
ocupaba el puesto 94 de 141 países en
el pilar de Instituciones, por debajo de
otros países de América Latina como
Chile (32), Colombia (92) y Uruguay
(40). Un resultado similar se observa
en el Barómetro de las Américas
(índice que aproxima la satisfacción
pública y el funcionamiento del
sistema democrático), que para 2018-
2019 asignaba al Perú un índice de
confianza de la población en el Poder
Ejecutivo que nos situaba a mitad de
tabla con relación a otros países de
la región. Así, no sorprende el gran
descontento de los ciudadanos con
nuestras instituciones, manifestado
claramente en las marchas masivas
de las últimas semanas.
Existe evidencia de la importancia
de la institucionalidad y la estabilidad
política para el crecimiento
económico. Según Aisen y Veiga
(2011), la inestabilidad política —
generada por constantes cambios
de gabinete de ministros— puede
ocasionar pérdidas de hasta 2,39
puntos porcentuales en la tasa de
crecimiento anual del PBI per cápita,
en especial por los efectos negativos
en la productividad. Resultados
parecidos obtiene Jong-A-Pin (2009)
en un estudio sobre 90 países —que
incluye al Perú— ante cambios en la
política, los líderes políticos y cambios marco de contratación para directivos
en la constitución, así como Alesina et
al. (1996), para una muestra de 113
países que también nos incluye.
El contexto de inestabilidad en el que
vivimos, entonces, afecta directamente
al crecimiento económico y se traduce
en menos y peores servicios públicos
en favor del ciudadano. Además, se
refleja en menor capacidad para crear
empleos, generar ingresos para las
familias y luchar contra la pobreza.
Por ello, para asegurar un marco
en el cual las instituciones tengan la
estabilidad necesaria que les permita
funcionar adecuadamente, el Consejo
Privado de Competitividad (CPC)
plantea, en el factor de Eficiencia del
Sector Público, una serie de medidas
destinadas a proteger al funcionario
público. De esta manera, se propone
darle las herramientas y la estabilidad
que lo ayuden a enfocarse en mejorar
los servicios destinados a la población, discrecionales sustentadas como
brindándole protección frente a los
ciclos políticos. Esto deberá ser una
de las prioridades del Gobierno que
asuma en julio de 2021.
El CPC propone que instituciones
clave como el MTC, el MVCS y el
Minsa, como principales ejecutores
de los proyectos del Plan Nacional de
Infraestructura para la Competitividad
(PNIC) y de brindar servicios claves
de salud, respectivamente, tienen
que estar conformados por cuadros
técnicos de directivos y servidores
públicos aptos y con independencia
funcional. En teoría, esto se da
mediante la implementación de la
Ley del Servicio Civil aprobada hace
siete años. No obstante, la misma
todavía no se lleva a cabo (solo siete
entidades de 2.000 pueden realizar
concursos de méritos abiertos), por lo
que necesitamos alternativas de corto
plazo que generen esta independencia
técnica de los funcionarios. Por tanto,
se requiere la implementación de un
y servidores públicos en puestos
clave de algunas instituciones
priorizadas, a través de procesos
meritocráticos y con nombramiento
regulado. Así aseguraríamos no
solo que los mejores directivos sean
contratados, sino que estos contarían
con un equipo apto nombrado por
ellos mismos para lograr los objetivos
pautados. Lo anterior debería unirse
a medidas de transparencia en la
elección de los cargos directivos, lo
que tendría que incluir —ahora más
que nunca— la autorización para el
levantamiento de su secreto bancario
(información solamente manejada
por la UIF) y la declaración jurada
de intereses durante la etapa de
postulación.
Asimismo, se necesita dotar de
una protección al funcionario
para la toma de decisiones
parte de sus propias competencias
y responsabilidades. Si bien el
control gubernamental es importante
para identificar y alertar posibles
situaciones o deficiencias que ponen
en riesgo la finalidad pública, el CPC
plantea que este control se base en
la legalidad del proceso, respetando
la discrecionalidad de los funcionarios
públicos consagrada en la Cuarta
Disposición Complementaria Final
de la Ley 29622, para lo cual es
necesario compatibilizar el significado
de esta prerrogativa.
Estos son algunos cambios que
requerimos, como punto de inicio, para
contar con un mejor servicio público
de cara al bicentenario. A fin de ser un
país más competitivo y que procure
mayor bienestar a sus ciudadanos,
se precisa potenciar al sector público
y darle todas las herramientas
necesarias y la estabilidad para que
brinde servicios de calidad. Esto
es fundamental para recuperar la
confianza del ciudadano en el Estado,
perdida ya hace buen tiempo. Es
esencial ser conscientes de que no
se puede hablar de competitividad sin
institucionalidad, y que esta última es
indispensable para la construcción de
confianza.