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PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
En junio del año pasado, la Comisión de
Energía y Minas del Congreso, luego de
un amplio debate que implicó audiencias
descentralizadas en Tumbes, Piura,
Cusco, Loreto y Lima, aprobó el
dictamen que contenía el citado
proyecto de ley. Lamentablemente,
cuando este se hallaba expedito para
entrar al Pleno del Congreso y ser
aprobado, llegaron observaciones de
las carteras de Ambiente, Cultura y,
finalmente, Economía.
Luego de varias idas y vueltas, el Poder
Ejecutivo llegó a un consenso con
respecto a los alcances del proyecto
de ley y, el miércoles 20 de marzo, el
ministro de Energía y Minas asistió a
la Comisión de Energía y Minas para
presentar las apreciaciones sobre el
alcance del citado proyecto. Ahora
corresponde al Congreso debatir
nuevamente el proyecto de ley y
aprobarlo.
Entre las principales medidas
promotoras que contempla el proyecto
de ley planteado por el Ejecutivo
tenemos, respecto de los plazos de los
contratos de exploración y explotación
de hidrocarburos, lo siguiente:
• La ampliación del plazo de la fase de donde se identifiquen recursos no
exploración, que puede durar hasta
10 años. Con ello se da un plazo más
acorde con las actividades que se
desarrollan en esta etapa del proyecto
y no con las limitaciones actuales de
solo 7 años, con una ampliación de 3
años más bajo ciertas condiciones.
• La ampliación de los plazos de los
contratos de petróleo hasta 40 años,
para lo cual se podrá solicitar una
ampliación de 10 años más, siempre
y cuando comprometan inversiones
adicionales. Esto permitirá
uniformizar los plazos actuales de los
contratos de gas natural (40 años) y
petróleo (30 años).
• La prórroga de los plazos de los
contratos de exploración y explotación
de hidrocarburos por 20 años más,
siempre y cuando comprometan
inversiones adicionales y cuenten con
la evaluación favorable de la OEFA
y de Osinergmin con respecto al
cumplimiento de sus obligaciones.
Asimismo, en cuanto a las regalías, se
establece que Perupetro tiene la facultad del Índice de Percepción de Políticas,
de revisar las regalías de los contratos
y establecer regalías diferenciadas para
la producción incremental.
Lamentablemente, esta propuesta es
muy tímida y le resta fuerza al texto
que se contempló en el dictamen
aprobado por la Comisión de Energía
y Minas del Congreso, el cual permitía
renegociar las regalías de la producción
básica e incremental de los actuales
contratos de petróleo, además de
reconocer una menor regalía para
el período de prórroga por 20 años,
siempre que se trate de proyectos
pilotos o masivos de recuperación
mejorada de acuerdo con la madurez
de los reservorios, o en horizontes
profundos debajo de las zonas de
producción, o no convencionales o
alguna de las actividades previstas en
la Ley de Reservas Marginales; así
como para lotes actuales o nuevos
convencionales.
En este extremo, es fundamental
que se comprenda que establecer
regalías diferenciadas es necesario y
urgente para reactivar las actividades
en los lotes de petróleo y conseguir
que se operen yacimientos que, por la
complejidad en sus operaciones, son
más riesgosos al ser explotados. Más
aún si se considera que el Perú compite
con otros países de la región para
atraer capitales; así, tenemos que el
promedio de la regalía en nuestro país
es de casi el 28%, y algunas bordean
el 50%, mientras que otros países de
la región, como México (entre 7.5% y
[(0.131xprecio contractual) +1.5]%) y
Colombia (entre 8% y 25%), ofrecen
regalías muchos más competitivas
y directamente relacionadas con la
producción del yacimiento.
Además, debe considerarse que, en la
última encuesta Fraser (2018), el Perú
retrocedió 19 posiciones en el ranking
y se ubicó en el puesto 63 de 80
jurisdicciones evaluadas a nivel mundial,
debido al retroceso en la estabilidad
política; la incertidumbre respecto
de la administración, interpretación y
aplicación de regulación, y la regulación
laboral y los acuerdos de trabajo; lo que
desalienta la inversión.
Dicho esto, debemos recordar que
establecer plazos y regalías razonables,
y acordes con la economía del contrato,
era la fórmula que se había planteado
inicialmente desde el Poder Ejecutivo
para lograr que la actual producción
no decline en aquellos yacimientos
ubicados en los lotes cuyos contratos
están próximos a vencer, y por el
contrario se puedan establecer nuevos
programas de trabajo con compromisos
de inversión que permitan que la
producción se incremente, generando
con ello mayores ingresos para el
Estado por regalías e impuestos, y
para los gobiernos subnacionales por
concepto de canon y sobrecanon.
Por ello, no debe perderse de vista la
finalidad que se buscaba cuando se
planteó modificar la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, la cual era “promover
las inversiones en las actividades
de exploración y explotación de
hidrocarburos en el país”.