Page 43 - Negocios Internacionales

ESPECIAL COVID-19
Existe consenso entre todos los
agentes públicos y privados respecto a
que, a la fecha, se viene presentando
ya una situación negativa para la
economía en general que, más allá de
la superación del problema sanitario en
un futuro próximo, pondrá en peligro
la continuidad de la cadena de pagos
en los siguientes meses, amenazando
la existencia de muchas empresas2
y poniendo a su vez en riesgo a un
significativo número de puestos de
trabajo. Se ha estimado inclusive que la
crisis económica que se viene gestando
será la mayor vivida por el Perú
durante toda su existencia republicana,
superando inclusive a las producidas
tras la guerra con Chile a fines del siglo de los bienes que conforman su
XIX o aquellas otras producidas como
efecto de la gran depresión en EE.UU.
(1929) y el fenómeno de El Niño (1983).
En este contexto, el Congreso de la
República, a través de la Ley 31011,
ha delegado en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar sobre una serie
de materias, en atención al escenario
complejo que se vive en el país como
efecto de la emergencia sanitaria
originada por el COVID-19. Uno de los
temas3 en los que se ha autorizado al
Gobierno nacional que dicte normas es
en lo referido al sistema concursal “para
amortiguar el impacto (de la crisis) y
promover la reactivación económica”.
En el Perú existe un sistema concursal
administrado por el Indecopi4,
constituido por procedimientos de
naturaleza excepcional previstos
en el ordenamiento jurídico5 como
mecanismosparahacerfrenteaaquellas
situaciones en que el patrimonio de una
empresa se encuentra en situación
de crisis, por resultar insuficiente para
satisfacer plenamente al íntegro de sus
acreedores. A través de la activación
de un procedimiento concursal, se
procura la búsqueda de una respuesta
de carácter colectivo para solucionar un
problema común a todos los acreedores
de la empresa afectada por una crisis
de naturaleza económica patrimonial.
Por ello, las normas concursales
prohíben que los acreedores actúen de
forma individual en procura del cobro
de su crédito, generando un escenario
para que el conjunto de acreedores de
la empresa en crisis actúen de forma
concurrente para encontrar soluciones
de común beneficio a todos ellos. Es
así que la difusión del procedimiento
concursal de una empresa determina
la suspensión de exigibilidad de sus
obligaciones (paralización de cualquier
acción particular de cobranza por parte de de una liquidación, nombrar a una
un acreedor), así como la intangibilidad
patrimonio (lo que se conoce como
marco de protección patrimonial).
En ese contexto, se activará en cambio
un espacio conocido como junta de
acreedores, que adoptará acuerdos
respecto a la empresa deudora y su
patrimonio, decisiones cuya naturaleza
y alcance dependerán del tipo de
procedimiento concursal al que se
encuentra sometida la empresa. En la
legislación concursal vigente en el Perú,
existen dos tipos de procedimiento
concursal: el preventivo y el ordinario.
El procedimiento concursal preventivo
tiene carácter anticipatorio a la crisis,
y su objetivo es que el colectivo de
acreedores apruebe un documento
(denominado acuerdo global de
reprogramación) que establezca una
estrategia empresarial para superar
un problema económico de índole
coyuntural y, además, contenga un
nuevo cronograma de pago de las
obligaciones que considere a cada uno
de los acreedores.
Por su parte, el procedimiento concursal
ordinario, anteriormente conocido como
procedimiento de insolvencia, es un
procedimiento que busca la reversión
de una situación de crisis ya manifiesta,
en el que el espectro de decisiones a
cargo de la junta de acreedores es
más amplio que en el preventivo, ya
que esta puede optar por dos tipos de
destino para la empresa concursada:
La reestructuración patrimonial (si
se estima que la continuidad de la
empresa en el mercado es viable) o
su disolución y liquidación (es decir,
la salida del mercado de una empresa
evaluada como inviable). Asimismo,
los acreedores podrán designar a una
nueva administración que se haga
cargo de la empresa para fines de
su reestructuración o, en el supuesto
entidad liquidadora para la venta de
sus bienes y el pago de sus acreencias,
hasta su extinción. Finalmente, en
cualquiera de ambos escenarios, la
junta de acreedores deberá aprobar
el instrumento de gestión respectivo:
plan de reestructuración (nueva
estrategia empresarial y cronograma de
reprogramación de pagos) o convenio
de liquidación (actividades que realiza
la entidad liquidadora para transferir
los bienes de la empresa concursada
y pagar, hasta donde sea posible
con el dinero producto de ello, a los
acreedores).
Es necesario precisar que estos
procedimientos concursales están
previstos como mecanismos de
excepción para aquellas empresas
que enfrentan una situación de crisis
económico-patrimonial, en un contexto
económico nacional general en
principio estable. Sin embargo, como
consecuencia de la situación económica
negativa y atípica derivada de la
adopción de medidas sanitarias para
enfrentar la pandemia del COVID-19,
la mencionada situación ya no será
un hecho aislado que se refleje en un
grupo minoritario de empresas, sino
una circunstancia generalizada que
impactará negativamente en un número
significativo de empresas en el Perú.
Por ello, presumo, se ha considerado