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SALUD
En principio, el fallo presentado sería
considerado como inconstitucional, ya que
la forma de venta de los medicamentos
responde al ejercicio del libre derecho a la
iniciativa privada y la libertad de empresa
establecidos en la Constitución, por lo que
no existe perjuicio para los consumidores
ni infracción legal.
Además, este fallo carece del test de
razonabilidad, herramienta esencial para
ponderar la afectación de derechos para
privilegiar a otros, por lo que también se
consideraría ilegal. Finalmente, la regulación y distribución de fármacos falsificados,
sobre la dispensación de medicamentos
es competencia de la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas
(Digemid), tal como se establece en el
Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud.
En segundo lugar, una medida que obligue
a la venta fraccionada de medicamentos no
está exenta del impacto económico que se
suscitaría. El proceso de fraccionamiento
exige mayores recursos de tiempo y
dedicación profesional.
Un estudio aplicado al mercado
norteamericano, que compara el
fraccionamiento de los medicamentos
a granel versus la dispensación de
medicamentos en formato original,
concluyó que esta última significa un ahorro
para los farmacéuticos y profesionales con
relación al tiempo dedicado al reducir los
procesos de conteo de tableta, llenado y
rotulación de envases. Ello les permitiría
dedicar más tiempo a actividades como
la entrega de información y consejería,
además de reducir el número de errores.
Además, dar cumplimiento a una normativa
de este tipo, con los criterios que se exigen
en el plano internacional, por ejemplo,
afectaría a las farmacias independientes.
Así, los mayores costos de dispensación
e inversión en infraestructura y personal
harían insostenible la viabilidad comercial
del negocio.
Por otro lado, el proceso de
fraccionamiento representaría un grave
riesgo sanitario para la población. Este no
garantiza la conservación de la trazabilidad debería garantizar la oportuna provisión
del medicamento, la cual tiene por objetivo
proteger la calidad y seguridad de los
productos para evitar una producción
adulterados o robados.
Un informe elaborado para la Federación
de Asociaciones de Farmacias de
Cataluña concluyó que las consecuencias
en la salud de un uso no óptimo del
medicamento son superiores a los ahorros
potenciales derivados de la dispensación
basada en dosis unitarias. Además,
en nuestro país, al no existir normativa
al respecto, se carece de definiciones
reglamentarias y técnicas. ¿Cómo se hará
el fraccionamiento? ¿Aplicará a todos los
productos? ¿Qué tipo de infraestructura es
necesaria? Preguntas que, claramente, no
tienen respuesta.
¿Y LA GESTIÓN DE
MEDICAMENTOS EN EL SECTOR
PÚBLICO?
Uno de los problemas de salud pública
ampliamente identificados en el Perú
es el acceso a los medicamentos.
Lamentablemente, el sistema de gestión
y logística de estos es deficiente y origina sistema logístico más eficiente. Por tanto,
un desabastecimiento en el sector, lo que
provoca que los medicamentos tengan
que ser pagados por los pacientes o
sus familiares. En efecto, según cifras
del Banco Mundial, el gasto de bolsillo
como porcentaje del gasto en salud en
el Perú es del 29% y este se destina,
en su mayoría, para los gastos en
medicamentos.
No obstante, recordemos que el 73.7%
de la población accede a un seguro de
salud público (22.3% a EsSalud y 51.4%
al Seguro Integral de Salud). Entonces,
es en el sistema público donde se
de los medicamentos prescritos. Pero
la realidad dista de lo idóneo. Según la
Superintendencia Nacional de Salud,
el 58% de las prescripciones atendidas
en farmacias privadas son recetas
de instituciones de salud públicas.
Además, de acuerdo con la última
Encuesta de Satisfacción de Usuarios
en Salud, el 46% de los usuarios finales
del sistema de salud público reportó
estar insatisfecho con la gestión de
medicamentos en las farmacias de los
establecimientos de salud.
Con todo lo expuesto, si bien la medida
buscaría beneficiar a los consumidores,
a falta de un análisis integral, los efectos
de aplicarla serían contrarios al objetivo
final. Por ello, es momento de empezar
con el debate que conduzca a una
Política Nacional de Medicamentos, de
modo que se corrijan las imperfecciones
del sistema de salud que impactan el
acceso, financiamiento y uso racional
de estos. Lo señalado pasa por
modernizar los procesos de gestión de
medicamentos, reevaluar la política de
abastecimiento actual e implementar un
la reforma del sector debe contemplar
estos cambios estructurales, en vez de
atentar contra la actividad privada.
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 25