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PORTADA: MEJORA REGULATORIA
El primer inconveniente es cómo
hacer que el Estado llegue primero
y comunique la oportunidad que
representa el desarrollo de un
proyecto minero para la población de
la denominada zona de influencia. El
segundo siempre fue la normatividad
intrincada y los trámites burocráticos que respuesta de la autoridad, positiva o
debían cumplirse antes de consolidar
un derecho u obtener la licencia de
construcción o la autorización para
poder iniciar el funcionamiento de una
planta de beneficio.
Las áreas ambientales tienen
soluciones técnicas hasta donde
el conocimiento y el desarrollo
tecnológico han llegado y no puede
pretenderse ir más allá o establecer
exigencias que sobrepasan
largamente las que existen en otros
países productores que compiten por
atraer capitales de inversión de largo
plazo, al igual que el Perú. Pero la más
difusa de todas es la “licencia social”,
pues no queda claro qué representa,
cuáles son los indicadores que deben
cumplirse para definir si “lo social”
está dado, está en proceso o es un
acuerdo cuyo cumplimiento no tiene
fecha cierta.
La complejidad de este escenario
ha sido abordada en parte por el
nuevo reglamento de procedimientos
mineros. En este caso, al menos,
el legislador ha tenido la intención
de normar la simplificación
administrativa, lo cual resulta positivo.
Pasar del discurso a un hecho
concreto es relevante en medio de la
veleidad de la política peruana, que
suele arrastrar a su paso a más de
una autoridad o funcionario público
que desea hacer las cosas bien.
Otro elemento relevante es que
la norma transmite una mayor
predictibilidad al inversor minero
porque establece cambios en
los plazos e incorpora el silencio
administrativo positivo para más de
una docena de procedimientos. Es
decir, si el administrado (el titular
del derecho minero) no obtiene una
negativa, se entiende que su pedido
ha sido aprobado.
En el pasado, cualquier proceso
de mejora en las operaciones de
una mina, concentradora, fundición
o refinería (como sería el caso de
Southern Perú, que opera las minas
de Toquepala y Cuajone en las
regiones Tacna y Moquegua, y un
complejo metalúrgico en la provincia
de Ilo) debía obtener una resolución
administrativa por parte de la
Dirección General de Minería.
En tiempos en los que la digitalización podría convertirse en desencanto
de los procesos y la incorporación
de la inteligencia artificial al
aparato productivo avanza a
pasos agigantados, mantener
un procedimiento administrativo
claramente burocrático resultaba más
una dificultad que una facilidad para
lograr una mayor optimización. Se
mantendrá el canal de información
a la autoridad sujeto a verificación,
lo cual resulta razonable. Además,
representa la decisión y vocación de
la autoridad de otorgar confianza al
administrado.
Otra de las mejoras que trae el nuevo
reglamento es el Informe Técnico
Minero, que permite ejecutar la mejora
operativa sin esperar la decisión de la
autoridad que, en la mayoría de los
casos, tiene una carga laboral que le
impide hacer una evaluación ex ante
del proyecto. Además, se supone que
el titular minero es quien conoce más
su realidad y propone una mejora que
va a reducir sus costos operativos y,
por consiguiente, generará mayores
ganancias e ingresos para el Estado.
La norma precisa que se podrán
reemplazar equipos dados de baja por
haber cumplido su ciclo de vida útil,
realizar mejoras en los campamentos
(sobre todo ahora que el personal debe
cumplir con un período de cuarentena
antes de ingresar a las respectivas
operaciones) e instalar nuevos
puntos de monitoreo ambiental para
efectuar un modelamiento adecuado
de cualquier impacto que pudiese
presentarse.
¿Qué queda por hacer? Definir una
política al interior del aparato estatal
y alinear a todas sus instituciones
en una visión compartida. La mejora
normativa es sin dudas positiva; pero
el entusiasmo de los titulares mineros
y pesimismo si otras instancias del
Estado terminan por obstaculizar
aquello que ha sido mejorado.
Recordemos que los procesos
administrativos mineros también están
sujetos a los puntos de vista de otras
instituciones estatales, cuyas visiones
suelen ser incluso contrapuestas.
Albergamos la esperanza de que esta
mejora tenga larga vida.