Page 35 - Negocios Internacionales

PORTADA: AGENDA INTERNA
En 2017, el Perú se ubicó en el
puesto 60 de 135 países en el ranking
del Índice Global de Competitividad
del Foro Económico Mundial (WEF,
por sus siglas en inglés). Frente a
ese escenario, se creó el Consejo
Privado de Competitividad (CPC)
como un centro del pensamiento que
impulse medidas de política pública
para mejorar la competitividad. A
partir de un esfuerzo de colaboración
con el sector público, el privado y la
academia, elaboramos el Informe
de Competitividad 2019, en el cual
se plasmaron 77 propuestas que
impactan en la productividad y
competitividad del país. Casi dos
años después, el ranking del WEF
muestra que retrocedimos cinco
posiciones, lo que deja clara la
urgencia de continuar impulsando
nuestra competitividad.
Dentro de dicho marco, el Gobierno
elaboró medidas de mediano y largo
plazo plasmadas en el Plan Nacional
de Competitividad y Productividad
(el Plan), y en el Plan Nacional de
Infraestructura para la Competitividad
(PNIC). Ambos son producto de
la colaboración y generación de
consensos entre los sectores
público y privado; sin embargo, es
fundamental fomentar este círculo
virtuoso con miras a alcanzar un
mejor país en beneficio de todos los
peruanos. Esto no solo retomará la
senda de crecimiento potencial, sino
que —y todavía más importante—
continuará con la erradicación de la
pobreza, la mejora en calidad de los
servicios públicos y la generación de
empleos dignos.
Desde el CPC, consideramos que
deben priorizarse políticas públicas
en tres ámbitos: (i) condiciones
habilitantes, que brinden los requisitos sistema de salud está segmentado y
mínimos para un ejercicio adecuado
de la ciudadanía; (ii) capital humano,
que permita a todos los peruanos
desarrollar al máximo su potencial;
e (iii) impulso a la generación de
buenos empleos formales.
La reforma del sistema de justicia y
del servicio civil tiene un sentido de una dotación de recursos humanos
urgencia, al mismo tiempo que resulta
fundamental garantizar el acceso a
servicios públicos e infraestructura
de calidad para todos los peruanos.
Por un lado, garantizar los derechos
fundamentales de la población
solo será posible si se impulsa una
reforma integral y se refuerza la
función de las autoridades nacionales
de control del Poder Judicial y el
Ministerio Público. En paralelo,
los escándalos de corrupción
evidenciaron la necesidad de una
reforma del servicio civil en puestos
clave, que promueva la meritocracia
y transparencia en los funcionarios,
para minimizar la probabilidad de
ocurrencia de corrupción. Por otra
parte, los tres niveles de gobierno
deben enfocarse en cerrar la brecha
de infraestructura, estimada en S/
363,000 millones. Si bien el PNIC
apunta en esa dirección, su ejecución
debe estar acompañada de medidas
que aseguren su éxito. Además, es
fundamental no descuidar el resto de
las inversiones con potencial aporte
para el cierre de brechas.
En cuanto al capital humano,
urge continuar con la reforma
universitaria y complementarla con
educación técnica desde los últimos
años de secundaria, con enfoque
territorial y priorizando sectores con
ventajas comparativas. Todo ello
en coordinación con los consejos
sectoriales y un Marco Nacional
de Cualificaciones que considere
los estándares de competencias
requeridos. Por otra parte, el
fragmentado; esto les limita el acceso
a los ciudadanos. En esa línea, el
Plan contempla la implementación
progresiva de las Redes Integradas
de Salud (RIS), que permita la
vinculación entre los subsistemas de
salud en beneficio de los usuarios.
Dicha acción debe acompañarse de
y equipamiento a las RIS (y no a
los establecimientos de salud),
especialmente en el primer nivel de
atención.
Por último, es importante incentivar
la contratación formal con un
enfoque en la pequeña empresa.
Así, el CPC propone modernizar el
régimen especial para las nuevas
contrataciones, incluyendo mejoras
en las condiciones laborales, la
incorporación al Seguro Integral de
Salud y un esquema de matching
contribution para las pensiones de los
trabajadores jóvenes.
Los esfuerzos realizados a la fecha
apuntan a la dirección correcta.
Ahora, el reto está en la ejecución
y, para lograrlo, es fundamental la
colaboración entre el sector público y
el privado. El Bicentenario de nuestra
independencia está muy cerca y
deberíamos trazarnos como objetivo
llegar a ese año con un país más
competitivo y justo.