Page 17 - Negocios Internacionales

PORTADA: INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES
aparato estatal, sino a un Estado con
la capacidad de delegar determinadas
actividades a terceros, bajo criterios
técnicos y procesos transparentes, sin
renunciar a su rol de supervisión o control. desarrollar los proyectos, en especial en Con el objetivo de agilizar y acelerar los
Las APP son un claro ejemplo de esta
delegación de funciones al sector privado.
Sin embargo, la formalización de una
APP, sobre todo las cofinanciadas, no
necesariamente implica el otorgamiento
al operador privado de todas las
capacidades necesarias para llevar
adelante la ejecución de los proyectos, ya
que siempre subsisten actividades que
requieren de aprobaciones posteriores
por parte del Estado o que son
responsabilidad directa de este.
Lamentablemente, existe una serie
de factores que limitan o ralentizan
el desarrollo de la infraestructura
pública. Uno de los principales es la
falta de disponibilidad de los terrenos
necesarios para las ampliaciones de
las infraestructuras. Un segundo factor
son los largos procesos y requisitos
que afrontan los concesionarios para
aquellas concesiones cofinanciadas que
requieren de autorizaciones posteriores a tercerización por parte del Estado para
su adjudicación.
El origen de estos largos procesos recae
en las diversas instancias de aprobación
dada la normatividad vigente, en los
distintos actores que deben de expresar
su opinión antes de la viabilidad del
proyecto, en la limitada capacidad por
parte del Estado para atender de manera
simultánea todos los requerimientos
de revisión solicitados, en la escasa
planificación y priorización de las
inversiones, en la subordinación de los
proyectos producto del vaivén político,
en el efecto generado por la Contraloría
que intimida y reprime las decisiones de
los funcionarios públicos, en la falta de las cuales en reiteradas oportunidades
lineamientos específicos en la normativa
aplicable a ciertos sectores, entre otras
razones.
procesos de aprobación, el uso de la
gestionar la revisión y evaluación, en
sus diversas etapas, de los proyectos de
infraestructura que se desarrollan y que
requieren asimismo autorizaciones por
parte del Estado, es una herramienta
de gestión que puede permitir optimizar
la gestión y los tiempos de aprobación.
El uso de esta tercerización no solo
implica la participación de un consultor
que posea el conocimiento y todo un
back-office de soporte necesario para
mejorar la eficiencia en los tiempos de
respuesta de revisión y evaluaciones,
sino que, adicionalmente, los proyectos
de infraestructura van a mantenerse
aislados de las priorizaciones políticas,
los han subordinado y postergado.
Adicionalmente, y sin que ello sea
un tema secundario o menor, esta
tercerización le brinda al funcionario
público el soporte y el sustento para la
toma de decisiones basada en la opinión
de un tercero experto en la materia.
El gasto por parte del Estado en la
tercerización de ciertas actividades no
es un concepto per se que deba ser
criticado; por el contrario, es la efectividad
del gasto en dicha tercerización la que
debe ser sujeta al análisis y la evaluación.
¿Es acaso preferible demorarnos
varios años en desarrollar o evaluar
un proyecto de infraestructura pública
necesario usando recursos públicos
internos en vez de tercerizar dichas
gestiones a empresas que sí poseen
dicha capacidad? En términos de valor
presente, independientemente de la
percepción a veces equivocada de un
sobrecosto en estas tercerizaciones, es
probable que la respuesta sea negativa.