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COMPETITIVIDAD

El populismo, la informalidad
y la nueva Ley Agraria

Gabriel Amaro, Director Ejecutivo de AGAP

Q uiero empezar con una anécdota: en un viaje que hice hace algunos años
a los Países Bajos, tuve la oportunidad de conversar con un importante
representante de los empresarios y le pregunté por la informalidad que
existía en su país. Al principio, no me entendió, por lo que tuve que ser
más explícito y contarle incluso que en el Perú (en esa época) la informalidad bordeaba
el 70%. Pensé que era mi inglés, pero no fue así. Él, sorprendido, me explicó que en
su país era imperceptible, porque era menor al 5%, y no entendía cómo podíamos ser
sostenibles.

Esta reflexión resulta importante para explicar el drama que vivimos en el país desde
hace muchos años, fruto de un populismo galopante y de un Estado lejano de la
realidad, que sobrelegisla y sobrerregula al sector formal, particularmente a un sector
como la agricultura.

Esta ley no Como muestra, en diciembre pasado, el Congreso de la República consumó uno de
resuelve el los peores actos populistas contra la agricultura formal: la derogatoria de la Ley 27360,
problema Ley de Promoción Agraria.
de fondo,
que es la Pero ¿realmente esta ley era la culpable de las motivaciones que tuvieron las marchas y
informalidad; protestas que sucedieron en Ica y La Libertad en diciembre pasado? Pues realmente no.
por el
contrario, la Las protestas se enfocaban en reclamos, entre otros motivos, por prácticas informales
agrava de parte de unidades productivas que se encontraban al margen de la ley y que
afectaban a los trabajadores en sus derechos, como el uso de services en actividades
principales y el incumplimiento en el pago de los derechos laborales, etc.

El hecho de que el 80% de la informalidad incumpla la ley en materia laboral u otra, no
hace culpable a la ley; por el contrario, nos dice que hay un problema estructural en
el país que hace que muchos no puedan desarrollar sus actividades en la formalidad,
lo cual tiene que ver con las barreras regulatorias y los riesgos que existen para ser
formal. Además, existe una débil institucionalidad pública que no puede fiscalizar al
80% de informalidad, por lo que se dedica a lo más fácil: ocuparse solo del 20% formal.

Sin embargo, en vez de modernizar la Sunafil para que actúe en la actividad informal,
se derogó la Ley N.° 27360, en un hecho totalmente desproporcionado y populista.

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