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PORTADA: MINERÍA
relacionados con: (i) la rectificación
de oficio de la subpartida arancelaria
declarada en la exportación, tomando
como base los resultados del primer,
segundo o último análisis (dirimente);
(ii) el carácter impugnable de dicha
rectificación, y (iii) la suspensión del
plazo pare regularizar la exportación
hasta: (a) la aceptación expresa del
primer análisis; (b) el vencimiento del
plazo para solicitar el segundo análisis; la utilización de contratos con cláusulas como los de facilitación de comercio,
(c) la notificación del resultado del
segundo análisis; o (d) la notificación
del análisis dirimente.
Como se aprecia, lo que se buscó fue
dotar de mayor objetividad y garantías
al proceso de obtención de muestras
y análisis de concentrados sobre
bases técnicas, considerando las
particularidades de la industria.
PREOCUPANTE NUEVA
REGULACIÓN
Lo positivo que podría tener la
aprobación de normas que buscan
regular de manera diferenciada las
exportaciones del sector minero,
atendiendo a sus específicas
particularidades, tropieza con un escollo de plazos no es entendida como
cuando encontramos que, conforme con
el texto modificado del Reglamento de
la Ley General de Aduanas (aprobado
por Decreto Supremo 367-2019-EF),
la Aduana podrá extender hasta en 7
meses el plazo de regularización de las
operaciones de exportación en aquellos
casos en los que las mercancías no
cuenten con un valor de transacción
definitivo (contratos con cláusulas de
revisión de precios, por ejemplo). Si
se añade al referido plazo el término
regular de 30 días calendario, se tendría investigaciones a cargo de la Aduana
que, en la práctica, una declaración de
exportación podría quedar pendiente
de regularizar hasta por 8 meses.
Si consideramos, además, que en
el proyecto de procedimiento de
Exportación Definitiva (publicado en
la primera quincena de diciembre de
2019) se dispone textualmente que “en que permitan encontrar un razonable
caso de embarques de concentrado equilibrio entre el control aduanero
de minerales metalíferos (…) el plazo y la facilitación del comercio; de lo
de regularización se extiende hasta contrario, se generarán innecesarios
siete meses”, caeremos en la cuenta e irreparables perjuicios económicos
no solo de que la extensión del plazo para los exportadores.
de regularización tendría como
motivación el mayor control que se Recordemos que las regulaciones
desea efectuar, principalmente en las aduaneras deben respetar y encontrarse
exportaciones mineras (en las cuales alineadas con principios rectores
de determinación diferida del precio buena fe y presunción de veracidad
o de revisión de precios se encuentra contemplados en la Ley General de
bastante difundida), sino, además, Aduanas, así como el privilegio de
y esto es lo más preocupante, que controles posteriores, contemplado en
específicamente en las exportaciones la Ley del Procedimiento Administrativo
de concentrados la Aduana pensaría General.
tomarse enteramente el plazo máximo
establecido.
PERJUICIOS QUE PODRÍAN
ORIGINARSE
Inevitablemente, la falta de celeridad
en el proceso de regularización de
exportaciones mineras generará
impactos negativos para el sector.
Periodos de tiempo extendidos abonan
o podrían abonar a ello, máxime en
los siguientes casos: (i) si la extensión
una potestad (la norma señala que
la Sunat puede extender el plazo,
se entendería cuando el caso lo
amerite), sino como una imposición;
(ii) si dicho “plazo extendido impuesto”
podría ser finalmente convalidado
si el proyecto del procedimiento del
régimen de Exportación Definitiva es
finalmente aprobado con el texto al
que hemos hecho referencia (en el
que se cambia el “podrá extender”
por el “se extiende”); y (iii) si las
en torno al control de exportaciones son
planificadas desde un inicio pensando
en tomar enteramente el plazo máximo
establecido.
La instauración de un sistema de
control ex ante en las exportaciones
debe sustentarse en reglas objetivas