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supremo (DS)4, los conceptos de (1)
vehículos a escala5, (2) dispositivos o
aparatos eléctricos de entretenimiento
o desplazamiento6 y (3) vehículos
de movilidad personal o vehículos
de movilidad urbana7; y prohíbe
a estos últimos transitar sobre las
aceras, pasajes, áreas verdes, pasos
peatonales, etc.
Pero tan importante como regular
cuando existen evidencias de un
problema que afecta un interés público
(seguridad vial) es que la regulación
respete la jerarquía normativa. La
RM tiene más de reacción política a
una presión mediática que de criterio
técnico-jurídico: un ministro no puede
evacuar una RM para modificar un
DS del presidente (más allá de lo
expresamente admitido)8.
Este es un caso reciente y al momento
en que se redacta este artículo aún no
ha sido cuestionado ante el Indecopi.
Pero si llegara a serlo, podemos
adivinar cuáles serían las reacciones.
Y no desde lo jurídico, sino desde lo
político y social.
Antes ya hemos visto cómo cuando
el Indecopi garantiza el cumplimiento
de la ley y los parámetros mínimos
de razonabilidad es atacado —con el
pasivo beneplácito de la población—
por los medios o las distintas
autoridades que impusieron trabas
ilegales o irrazonables.
Susana Villarán pretendió solucionar
el problema del tránsito con decisiones
que fueron consideradas por la
Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas del Indecopi como ilegales. ser una excusa para que el Estado no
Días después, los titulares se referían
al “Indecombi” como un enemigo del
ordenamiento vial. La responsabilidad
por el incendio en Larcomar, con
desenlace fatal para 4 personas,
causado por falta de fiscalización
adecuada de la Municipalidad de
Miraflores, quiso ser atribuida al
Indecopi por cuanto había resuelto que
los certificados de seguridad de Defensa
Civil tenían una vigencia indeterminada
(lo cual propició que, en el Gobierno
de Humala, se emitiera un DS en ese
sentido). Cuando la Municipalidad
de Magdalena del Mar prohibió los
sorbetes de plástico, el Indecopi la
declaró barrera burocrática ilegal aun
cuando comparte la preocupación
sobre la reducción progresiva de
elementos contaminantes. No obstante,
también consideró con acierto que las
soluciones no deben plantearse al
margen de la ley o excediendo las
competencias otorgadas para dicho
efecto. De igual modo, la lamentable
tragedia ocurrida este año en el ex
terminal terrestre de Fiori no es, como
se ha insinuado, responsabilidad de los
pronunciamientos del Indecopi contra
las decisiones del MTC (que concede
autorizaciones sectoriales) y las
municipales (que conceden licencias
de funcionamiento), que obstruían
el acceso al mercado vulnerando la
simplificación administrativa del trámite carril derecho de la calzada de las calles y jirones o, en su
de autorización.
Parece que no todos terminamos por
entender que el Indecopi no se opone a
las soluciones adecuadas, sino que guía
a nuestras autoridades en la adopción
de dichas soluciones dentro del marco
de la ley y la razón. No debemos avalar
que las entidades públicas endosen
su responsabilidad al Indecopi. El rol
de garante de la legalidad que cumple
la agencia de competencia no puede
ejerza su función.
“El camino al infierno está lleno de
buenas intenciones”, reza un viejo
adagio popular. Ninguna finalidad
positiva puede estar antes que el
respeto a la ley. El Estado de derecho
es la única garantía que tenemos los
ciudadanos para proteger nuestra
libertad frente al poder estatal. Nuestros
expresidentes ya lo aprendieron. ¿Y
nosotros?
1 Grabosky, P. (1995). “Counterproductive Regulation”.
International Journal of the Sociology of Law, p. 350.
2 26 de abril de 2019.
3 Resolución Ministerial 308-2019 MTC/01.02 (publicada el
sábado 27 de abril).
4 Decreto Supremo 058-2003-MTC.
5 Vehículos de juguete construidos a un tamaño menor que
el original y con asiento(s) para niños, los cuales se propulsan
por un pequeño motor eléctrico o por tracción humana.
6 Aquellos que cuentan con un motor eléctrico que los
propulsa a una velocidad máxima de construcción de hasta
12 km/h. Estos pueden circular por la acera o vereda como
extensión del concepto de peatón (silla de ruedas eléctrica
para personas con discapacidad, vehículo a escala eléctrico,
carros de compra eléctricos, andadores eléctricos).
7 Vehículos que solo permiten el desplazamiento de
una persona y que cuentan con un motor eléctrico que
permite su propulsión a una velocidad máxima de hasta
25 km/h (patinetas, monopatines, monociclos, vehículos
autoequilibrados, los cuales no son vehículos automotores
o ciclomotores). Estos vehículos solo pueden circular por el
defecto, por el carril más cercano de la acera o ciclovías.
8 Si bien la Vigésimo Quinta Disposición Complementaria
del Reglamento faculta al MTC a modificar las definiciones
del Anexo II (Definiciones), a través de una RM, es
altamente debatible que dicha disposición permita crear
cargas, limitaciones o prohibiciones para los administrados
mediante una RM.